el
la Revolución Cultural y
algunos de sus instrumentos, como:
el Multiculturalismo revolucionario,
el buenismo moral
o el Cambio Climático
la reingeniería social,
a partir de la
Ideología de Género
la Revolución global
La mayoría de los colombianos quiere la paz,
pero NO la narco-paz que da impunidad a la
narco guerrilla comunista
pablo hiriart
el financiero
la Revolución nacional
Por algo, por algo, por algo...Querétaro le dijo "NO" a AUDI para instalarse en dicha entidad
¿QUIERES SABER POR QUÉ...?
valentín varillas
status
las batallas locales
Sobrino político de Manuel Bartlett, acusado de mentir, robar y traicionar
GRABACIONES DE SUS PLÁTICAS TELEFÓNICAS, LO PONEN AL DESCUBIERTO
rodolfo ruíz
la corte de los milagros
e consulta
En Puebla, el sistema penal cambió...con los mismos vicios
MÁS IMPUNIDAD Y MENOS ACCIÓN POLICIAL
fermín garcía
cuitlatlán
la jornada
la Revolución dentro de la Iglesia
y su fruto: el nuevo cisma
Pio X tuvo razón
Los principales enemigos de la Iglesia y la verdad, se encuentran dentro de la Iglesia
LOS ERRORES QUE ADVIRTIÓ EN LA PASCENDI...HOY SE ESTÁN CUMPLIENDO
manuel ocampo ponce
la doctrina
frente al combate revolucionario
los agentes de la Revolución,
y los servicios
de Inteligencia
las operaciones de contrainteligencia
las adicciones y la narco-política...
como nuevos instrumentos de la
Revolución
EL PANISMO COLOMBIANO
El enojo del general
En medio de la guerra que le hacen los cárteles, se merma su presupuesto este año
raymundo riva palacio
eje central
la esencia de la Revolución y
su exaltación y dominio
la historia
la economía
los personajes
la ciencia
EL ARTE
LA MENTE
DOSSIER
ESPECIAL
LAS ELECCIONES EN E.U.
ADVERTENCIA:
TODAS ESTAS INFORMACIONES QUE INCLUIMOS DIARIAMENTE SOBRE LAS ELECCIONES EN E.U., SON REGULARMENTE OCULTADAS POR LA PRENSA MEXICANA.
LOS HECHOS
EPN y Josefina, juntos en Juntos Podemos
05:00 AM
“Tenemos que contar una historia completa,
para nosotros, y para los otros”. Eso dice la panista Josefina Vázquez Mota en un video de Juntos Podemos, iniciativa mediante la cual hace labor a favor de migrantes mexicanos en Estados Unidos. (Ver a partir de minuto 4 https://www.youtube.com/ watch?v=Rt81sF5kYXs)
Contar una historia completa es justamente lo que la excandidata presidencial no ha hecho con respecto a Juntos Podemos, programa del que ella funge como presidenta honoraria.
Lo que no ha dicho Vázquez Mota, para empezar, es que su agenda promigrantes es financiada por Enrique Peña Nieto. Tampoco ha dicho que para tal efecto esa iniciativa ha recibido 900 millones de pesos del gobierno.
Tan solo en 2015, las organizaciones que están detrás de Juntos Podemos recibieron del gobierno federal 26,1 millones de dólares, equivalentes a 414 millones de pesos. Y en 2016 fueron 486 millones de pesos lo que se les puso a su disposición.
Es decir, la puntera del PAN en las encuestas rumbo a la elección del 2017 en el Estado de México es financiada –con cientos de millones de pesos– en sus actividades promigrantes por un gobierno surgido del partido que nunca ha perdido la gubernatura en esa entidad: el PRI.
Esta mañana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (contralacorrupcion.mx) publica un reportaje de Dulce Martínez y de quien esto escribe, donde con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y testimonios de Juntos Podemos se explica cómo se financia esa iniciativa.
Desde hace meses corrían distintas versiones sobre esta alianza no oficial entre Vázquez Mota y Peña Nieto. Mi colega Lourdes Mendoza incluso publicó que los fondos recibidos por la iniciativa de Josefina rondaban los 500 millones en 2015.
Según reportes a los que he tenido acceso, los detalles del acuerdo se formalizaron en una reunión en Los Pinos el 19 de febrero del 2015. En esa reunión se pactaron apoyos por un total de 26 millones 113, 800 dólares para ese año. En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudió a esa reunión Ernesto De Lucas Hopkins, entonces director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).
Para operar lo anterior, Josefina Vázquez Mota pidió a Santibáñez –exdirector del Colegio de la Frontera Norte, y colaborador de Vázquez Mota cuando ésta era secretaria de Educación Pública en el sexenio de Felipe Calderón– armar un esquema de despliegue de esos recursos.
El esquema es así: los fondos gubernamentales son enviados a dos organismos: AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. Atrás de ambos está la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), que opera en Estados Unidos desde hace décadas. Ellos son quienes tienen registrada la marca de Juntos Podemos.
¿Cómo se tejió la alianza entre el gobierno de Peña Nieto y Josefina para ese programa? ¿Por qué la administración decidió darle esos fondos a Vázquez Mota y a sus aliados de la AEM USA Foundation y no a otras organizaciones? ¿Fue por invitación directa? ¿A cambio de qué? ¿Hay otras organizaciones con tan cuantiosos apoyos? ¿Dónde se encuentran los reportes detallados de los resultados de cada uno de esos apoyos? ¿Las organizaciones que recibieron los apoyos en Estados Unidos saben que originalmente los fondos provienen del gobierno mexicano? ¿Se violó al respecto alguna ley en México o en Estados Unidos? ¿Cuánto de lo que otorga el gobierno mexicano se consume en gastos operativos de Juntos Podemos? ¿Cuántos viajes y viáticos de Josefina se cubren con esos fondos?
Esas preguntas podrían ser respondidas por Josefina Vázquez Mota para contar una historia (completa) de Juntos Podemos.
Mentirijillas e ignorancia de Moreno-Valle (RaMoVa), sobre el PAN
Raúl Torres Salmerón
*Si hubo casos de dirigentes que buscaron ser candidatos presidenciales: Bravo Mena
Con gran despliegue mediático, el pasado 21 de septiembre, orondo, rijoso y retador, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle señaló: “En la historia del PAN no hay casos de dirigentes que hayan buscado ser candidatos presidenciales”, al referirse a los señalamientos de Ricardo Anaya, actual presidente panista de que buscará la nominación de su partido para los comicios de 2018.
Textualmente dijo el poblano conocido por su acrónimo RaMoVa: “Ha habido presidentes del PAN que primero terminaron su mandato y después fueron candidatos a la Presidencia. Ahí está el caso de José González Torres, que fue presidente del 59 al 62 y luego en el 64 candidato presidencial o Felipe Calderón, que fue presidente del PAN del 96 al 99 y fue candidato presidencial en 2006”.
Y después con lenguaje propio de los viejos cuentos para niños, como aquellas de nunca jamás y en cuerpo y alma, agregó:
“Nunca jamás un presidente del partido en funciones ha querido ser candidato durante su dirigencia, por eso me parece que no sería compatible una posición con la otra”.
Moreno Valle, mostró su desconocimiento de la ideología panista y de la propia historia del blanquiazul. También hubo mentirijillas.
DATOS HISTÓRICOS DE BRAVO MENA
Luis Felipe Bravo Mena es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Milita en el PAN desde 1969 y fue asesor político de la campaña presidencial de Manuel Clouthier, en 1988. Ha sido Diputado Federal, Senador de la República y Presidente Nacional del PAN.
Fue candidato a gobernador en el Estado de México en dos ocasiones, embajador de México ante la Santa Sede y Secretario Particular del Presidente Felipe Calderón.
Seguramente algo sabe del panismo y de los entretelones de su partido. Bravo Mena, dio a conocer hechos históricos en un artículo “Panistas entre la ansiedad y la prudencia” publicado en El Universal el 29 de septiembre de 2016, donde alerta al panismo de no hacer las cuentas alegres de la lechera.
Advirtió: “Sembrar la semilla de la enemistad entre los militantes sólo puede ser obra de insensatos o de enemigos. Atentar contra la cohesión del panismo es propio de los que consideran al PAN una franquicia desechable, útil para satisfacer ambiciones de poder pero sin compromiso institucional. Muchos de los problemas que hoy aquejan al partido se originan en esa perversión”.
Y aclara que sí hubo dirigentes nacionales en funciones que buscaron la candidatura a la Presidencia de la República:
“Un poco de historia ayudará a serenar la rijosidad; se afirma que ningún dirigente del partido aspiró a la candidatura presidencial. Falso. Adolfo Christlieb Ibarrola, líder de 1962 a 1969, buscó la postulación para las elecciones de 1970, lo frenó el mal que segó su vida. Abel Vicencio Tovar, jefe de 1978 a 1982, aspiró a la candidatura presidencial. Declinó públicamente en un mitin en San Pedro de las Colonias en 1981. Carlos Castillo Peraza, líder nacional de 1993 a 1996, lo consideró seriamente y sondeó sus posibilidades para 1994.
“Jefatura y aspiraciones no son incompatibles. Ningún principio ni regla lo impide. Es cuestión, otra vez, de prudencia y circunstancia. El jefe nacional por su parte está obligado a velar por la institución conforme a la jerarquía de valores panistas”.
Las conclusiones son obvias. Moreno no sabe ni tiene idea de lo que es el panismo. Tal vez se trate de un nuevo priísmo de color azul…
Chamaquean a Roger Waters y Mancera igualito que AMLO
Carlos Ramirez
El concierto político del músico inglés Roger Waters en el zócalo de la Ciudad de México aportó dos elementos que tienen su espacio en el 2018 presidencial mexicano:
1. Waters no se preocupó por verificar los datos: el responsable del secuestro y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa no fue el presidente Peña Nieto sino el PRD: el gobernador perredista-ex priista Ángel Aguirre y el alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca, éste preso por su responsabilidad en el caso. En los hechos, el caso de los normalistas se conoce como “el Tlatelolco del PRD”. Por tanto, Waters debió de haber dirigido sus exigencias al Palacio del Ayuntamiento donde gobierna Miguel Angel Mancera en nombre del PRD. O mejor aún: al saludar a Mancera, Waters debió de haberle exigido al gobernante perredista Mancera la aparición de los 43. Al culpar a Peña, Waters sólo demostró que fue chamaqueado por sus anfitriones perredistas del gobierno capitalino.
2. Como López Obrador, Mancera mandó al diablo a las instituciones: permitió el concierto de Waters a sabiendas que criticaría al presidente mexicano y pondría una marquesina con la frase “renuncia ya”. Las leyes no permiten a extranjeros meterse en política nacional. Al consentirlo y peor aún avalarlo con su presencia y la foto con intenciones de precampaña por su candidatura presidencial, Mancera en los hechos hizo polvo las instituciones republicanas y las leyes. Aunque lo peor fue el hecho de usar el caso de los 43 de responsabilidad perredista como un asunto exclusivo del Gobierno de la República.
Con una ciudad de México ahogada por la inseguridad creciente en las calles y en los hogares, con una ciudad despanzurrada por obras sin control ni sentido urbano, con decisiones capitalinas que tienen que ver más con el relumbrón que lo posicione como precandidato presidencial y luchando contra la imagen de Marcelo Ebrard que lo apabulla, Mancera le dedica más tiempo a la construcción de su figura política que a la administración de los asuntos urgentes de la ciudad que vive sus peores momentos urbanos.
El proceso capitalino para aprobar una constitución local ha carecido de sentido jurídico, la propuesta aprobada por Mancera suena más a sueño guajiro que a utopía política y deja sin resolver el desorden legal de un estado que es ciudad, cabildos que no son alcaldías, un gentilicio inexistente y un grupo promotor formado por expriístas. Sólo por su afán de ser candidato presidencial del PRD sin ser militante, Mancera dejó escapar la oportunidad de una verdadera reorganización de la Ciudad de México en el mapa nacional: el estado 32 con todos sus derechos y obligaciones y un DF similar a Ciudad del vaticano o Washington DC.
Al final por acuerdo en lo oscurito con el presidente Peña Nieto, Mancera dio el salto cualitativo del DF a Ciudad de México, pero para quedar exactamente igual: una ciudad subordinada a los poderes federales.
-0-
The White House 2016: Algo pasa en la política estadunidense. Los medios afines a Hillary Clinton han bombardeado con notas negativas a Donald Trump pero sin efecto en las encuestas… Un nuevo libro que habla de la complicidad del poder entre los Clinton revela que Bill usa la biblioteca de expresidente para seguir seduciendo a becarias y para operar tráfico de influencias a favor de Hillary. El libro Guilty as sin, del periodista Edward Klein, se une a otros que muestran los vicios políticos de los Clinton.
Política para dummies: La política se basa en la racionalidad de la irracionalidad.
Sólo para sus ojos:
• No debe ser sorpresa: el gobernador veracruzano Javier Duarte podría terminar su sexenio sin encarar castigo por sus abusos. Todo indica que ya mandó mensajes de revelar secretos del poder. Para meterlo a la cárcel necesita un juicio de desafuero porque él ya dijo que no renunciaría.
• Muy sentida la muerte de Luis González de Alba, líder del 68 y escritor con obras reconocidas. Su último texto ajustó cuentas: reveló que el hermano de Elena Poniatowska, que se ha promovido que había caído el 2 de Octubre, en realidad murió el 8 de diciembre de 1968. Poniatowska, por cierto, hizo su La noche de Tlatelolco a partir de la novela Los días y los años de González de Alba y fue muy reacia a reconocerlo hasta que lo rehízo dando el crédito correspondiente.
• Ya se le enredó la dirección del PAN con sus ambiciones de ser candidato presidencial a Ricardo Anaya. Y por el tiempo que falta, su desgaste político irá minando sus posibilidades. Y lo que falla en el PAN a la largas beneficia al PRI.
De audios, escándalos, moches y
delegados federales ineptos
No lo cuente en voz alta, pero en el partido de Andrés Manuel López Obrador el ambiente comienza a caldearse entre los grupos que quieren llevar mano en el proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular en 2018.
Y los conflictos podrían cobrar a su primera víctima en los próximos días, en la persona del diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, cuando se hagan públicos una serie de audios en los que el sobrino político del senador Manuel Bartlett Díaz hace justamente lo contrario de lo que pregona su jefe político nacional: no mentir, no robar, no traicionar.
Rodrigo Abdala quiere ser candidato a la gubernatura de Puebla en 2018, cuestión a la que se opone otro grupo local del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), encabezado por Abraham Quiroz Palacios, bajo el argumento de que el proyecto político de aquél es impulsado por gente externa que quiere tomar por asalto el partido.
***
No estaría de más que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, o el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, pusieran más atención en lo que ocurre en la Delegación de Puebla, donde algunos funcionarios vienen haciendo su agosto con los recursos de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Sus abusos han llegado a tal extremo que ya varios presidentes municipales de Puebla no saben a qué instancia del gobierno federalrecurrir para que sus gestiones caminen sin necesidad de entregar moches.
Mañana le doy más detalles.
El NO en Colombia
05:00 AM
La mayoría de los colombianos no rechazó la paz, sino esa paz.
Desperdiciaron una gran oportunidad para poner fin a más de 50 años de guerra, pero tienen sus razones y es lo que corresponde evaluar y corregir.
¿La paz a cualquier costo? Decidieron decir que no, pero eso no cierra otras alternativas.
La guerrilla de Colombia, las FARC, no es un movimiento solamente político, sino uno de los principales grupos de narcotraficantes de ese país.
Se trata de un grupo armado que secuestraba a cambio de dinero, y movía droga de Colombia hacia Europa vía Venezuela.
La alianza entre la guerrilla colombiana y generales venezolanos para facilitar el transporte de droga por ese país está ampliamente descrita en reportajes, testimonios y entrevistas.
“La FARC no están aliadas al narcotráfico: son el narcotráfico”, me dijo hace algunos años un escritor colombiano.
La guerrilla se financiaba con el producto de la droga y pago por secuestros que realizaba.
Esa guerra contra el Estado y la población colombiana dejó 250 mil muertos y siete millones de desplazados que tuvieron que dejar sus tierras, plantaciones y hogares, por al acoso de las FARC que se quedaron con sus propiedades.
Al exPresidente Uribe le secuestraron y asesinaron a su padre para quitarle el rancho.
¿Amnistía total? ¿Ahí no ha pasado nada en 52 años de matar, secuestrar y robar las tierras a los campesinos?
Ese es el problema. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Eso es lo que, supongo, piensan los colombianos.
Parece de sentido común que los delitos de sangre no pueden quedar impunes.
Los que mataron, secuestraron, hicieron leva de campesinos para obligarlos a pasar a la guerrilla, ¿no van a tener ninguna sanción?
Según los acuerdos de paz, todos esos delitos de sangre serán castigados de forma mínima y en condiciones de privilegio. Y no habrá castigo para todos. Quienes los cometieron pueden ser candidatos a diputados, senadores, o Presidente la República.
Contra eso votaron en Colombia.
Todo acuerdo de paz implica sacrificar en algo a la justicia. No hay arreglos mágicos en que paz, justicia y víctimas queden satisfechos por igual.
Los colombianos dijeron no a este acuerdo y tendrá que modificarse. Las FARC deberán poner algo más de su parte.
El segundo genocidio más importante del siglo pasado ocurrió en Ruanda, donde los hutus y el gobierno masacraron a los tutsis –una minoría–, en una matanza de 800 mil tutsis, en condiciones extremadamente sanguinarias (1994).
En la catedral de Kigali, las mujeres fueron violadas delante de sus maridos, a quienes mataron, y a las embarazadas las extrajeron a sus críos del vientre y los ensartaron en bayonetas.
Con la victoria de la minoría tutsi –con el general Kagame a la cabeza–, no hubo revancha, sino reconciliación: todos los que reconocieran sus culpas y pidieran perdón, quedaron liberados y pudieron reintegrarse a la vida civil.
Tutsis y hutus han convivido en paz. Hubo perdón porque hubo arrepentimiento.
Tal vez algo así deba suceder en Colombia. O similar, pues los delitos de sangre no pueden quedar 100 por ciento en la impunidad.
El enojo del general
RAYMUNDO RIVA PALACIO
12:37 AM
Para cualquier secretario de la Defensa, la utilización de calificativos lanzados en lenguas de fuego como “enfermos, insanos, bestias y criminales”, como llamó el general Salvador Cienfuegos a quienes emboscaron a una patrulla en Culiacán este viernes con un saldo de cinco soldados muertos, es inusual. Pero que utilice una retórica tan violenta, tan indignada, tan fuera de proporción al venir de quien viene, el general secretario, lleva a preguntar por qué está tan enojado el jefe de las Fuerzas Armadas. En un año y medio, su estado de ánimo se ha modificado y su lenguaje ha cambiado notoriamente.
El comparativo natural es con el 2 de mayo de 2015, un día después de que criminales derribaran un helicóptero en Jalisco donde murieron ocho militares y una policía federal, cuando el general Cienfuegos habló en un homenaje con lenguaje enérgico pero no desproporcionado. Ese día expresó “nuestro reconocimiento perene a ellos y nuestro apoyo incondicional para sus padres, esposas e hijos, así como nuestro compromiso absoluto para continuar trabajando sin descanso en la salvaguarda de los buenos mexicanos, siempre respetando la ley y a las personas, y en coordinación estrecha con los entes de gobierno”.
En el homenaje a los soldados emboscados en Sinaloa, el secretario dijo el sábado: “Este artero y cobarde ataque no es sólo una afrenta al Ejército o a las Fuerzas Armadas; es también una afrenta a la naturaleza humana, a la convivencia colectiva, a los principios sociales, a las leyes que nos hemos dado y al estado de derecho. Nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo… de enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre... Seres sin conciencia... sepan que vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria. Nadie por encima de la ley. Que la fuerza que apliquen tendrá la respuesta que corresponda por parte de la autoridad”.
El fraseo y el tono de los discursos son totalmente diferentes, como si hubieran sido construidos por distintas personas. ¿Qué ha pasado en un año? Muchas cosas. En el campo de la política, el Presidente dejó al Ejército desamparado. Por ejemplo, no corrigió al exprocurador Jesús Murillo Karam cuando calificó el enfrentamiento con criminales e inocentes en Tlatlaya en 2014 como “matanza”, y permitió que el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, ofreciera a los padres y abogados de los normalistas de Ayotzinapa hablar con miembros del Batallón 27 de Infantería y revisar su cuartel en Iguala. Estas dos decisiones, que afectaron el respeto del general al interior del Ejército y con los generales retirados, fueron agotando la paciencia del secretario con el poder civil.
El presidente Peña Nieto pide siempre apoyo para las Fuerzas Armadas, pero donde podía haber probado sus dichos con hechos, no lo hizo. En el presupuesto de 2017, dejó que la Secretaría de Hacienda las golpeara. Le quitó 45.7% para adquisición de radares, aviones, helicópteros e instalaciones militares –a la Secretaría de la Marina la dotó con recursos para un Centro de Entrenamiento y un nuevo Sistema de Inteligencia-, y no autorizó compra de nuevo armamento para las Fuerzas Especiales, que tiene 10 años de antigüedad, pese a que en ese campo los criminales cada vez están mejor equipados. Por otra parte, de los 91 proyectos y programas de inversión de las Fuerzas Armadas, sólo le otorgó presupuesto para 14, dentro de los cuales se encuentra el pago del nuevo avión presidencial, que se lleva el 70% de ese recurso.
El maltrato político y presupuestal no reconoce el costo que han tenido que pagar los militares en la guerra contra el narcotráfico. Informes internos de la Secretaría de la Defensa revelan que hasta el primero de agosto de 2016, el total de militares caídos durante los últimos nueve años de combatir al narcotráfico ascendía a 468, de los cuales Tamaulipas, con 113 efectivos caídos, era la entidad donde más violencia habían enfrentado, seguida de Michoacán, con 53, y Sinaloa, donde se dio la emboscada del viernes, con 50. De ese total, 43% cayeron en ataques con armas de fuego y 7.3% fueron “ejecutados” por el crimen organizado. La mayor parte de los caídos, el 60%, eran soldados; el 20% eran cabos, y el 12% sargentos. Es decir, la tropa que trabaja en las carreteras y montañas del país. El desgaste es mucho. De 2007 a agosto de este año, el total de ataques que han sufrido es de tres mil 813.
Si el discurso del general Cienfuegos cambió tan radicalmente en lo retórico en un año, también la reacción táctica. Tras la emboscada del viernes, ordenó un despliegue militar a Sinaloa de envergadura. La noche del mismo viernes llegaron a Culiacán un centenar de miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los llamados GAFES, que son los comandos de élite del Ejército, para combatir a los responsables del ataque. La reacción del secretario de la Defensa no tiene precedente en lo que va de la administración, y es contraria a la forma como Peña Nieto y su gobierno han reaccionado ante los desafíos criminales, llena de tonos duros pero abundantes en acciones laxas.
El general Cienfuegos se apartó de la racional en Los Pinos, que lo dejó solo, según sugieren sus acciones. Lo que le queda es recuperar el respaldo interno de sus oficiales y de los generales retirados que tanto le criticaron su tibieza ante el poder civil.
CUITLATLÁN
Parálisis institucional está provocando nuevo sistema de justicia penal
04/10/2016 04:00
por Fermín Alejandro García
Contrario al discurso oficial que presenta al nuevo sistema de justicia penal en Puebla como la panacea, está ocurriendo todo lo contrario, ya que se percibe que el modelo recién estrenado ya está provocando una crisis, o mejor dicho una parálisis institucional, puesto que cientos de carpetas de investigación están estancadas sin la posibilidad de que se investiguen los delitos denunciados y ahora presentar a un detenido para que sea puesto a disposición se ha vuelto un martirio, una larga espera que puede superar las 24 horas. Dicho de otra manera: las cosas cambiaron pero siguen los mismos vicios.
Lo grave de esta situación es que no se percibe un interés del fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, de querer evaluar y corregir el fallido nuevo sistema de justicia penal, el cual, en voz de algunos especialistas, es visto como uno de los peores del país.
Estos son algunos indicadores que muestran el fracaso de la reforma en materia de impartición de justicia y que simplemente no muestra beneficios para la población:
Entre junio y agosto de este año, meses en que ya se aplicó el nuevo sistema de justicia penal en todo el estado, se supo que en el sector C4 se registraron unas 2 mil carpetas de investigación sin que hubiera algún detenido y en el sector C5 fueron unas 800 carpetas con las mismas características, que aunque oficialmente están siendo objeto de investigación de la Policía Ministerial en realidad los casos no avanzan hacia ningún lado.
Todo indica que el grueso de los ilícitos denunciados con esos recursos quedarán en la impunidad.
Se sabe que de junio a la fecha, más o menos se han judicializado unos 100 casos con el nuevo sistema, de unas 400 carpetas de investigación que si tenían detenidos como probables responsables de haber cometido un delito. Es decir únicamente se pudo llevar a un juicio a uno de cada cuatro detenidos.
Uno de los problemas centrales es que ahora se ha vuelto más complicado, más tortuoso, presentar a un detenido ante una autoridad. Por eso se ha ensanchado las posibilidades de que delincuentes que son detenidos en flagrancia puedan esquivar el sistema de procuración de justicia por el excesivo burocratismo que priva.
A muchos agentes de las policías Preventiva, Estatal y Municipales les ha tocado, particularmente en el área C5, tener que enfrentar periodos que van de las ocho y hasta las 15 horas para poner a disposición a un detenido.
Hay casos extremos en donde el tiempo de espera se ha prolongado hasta 44 horas, lo cual excede los plazos legales.
Por eso se ha sabido que ya se han presentado algunos casos en que policías, al detectar un vehículo con reporte de robo, prefieren solamente presentar ante la autoridad ministerial al automotor y no al conductor que lo tenía en posesión, ya que detener a la persona sospechosa de hurtar o comprar un auto de manera ilegal se tarda un mínimo de ocho horas, y los agentes de seguridad pública rehúyen a enfrentar esos periodos de larga y cansada espera.
Si a un policía le quedan tres o menos horas para que concluya su jornada laboral no va a detener a un presunto delincuente, para que pase la mayor parte de su día de descanso esperando que sea asegurado por el Ministerio Público.
En caso de que no se corrija dicho vicio, el resultado será tener cuerpos policíacos que buscarán evadirse de su responsabilidad de detener a presuntos delincuentes que se les encuentra actuando en flagrancia.
Se aplicará la máxima: policía que se hace el tonto le va bien.
Y esa actitud no solamente es de los policías, sino también de muchas victimas de ilícitos.
Vecinos de Tepeaca, Amozoc, San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Atlixco, así como de San Pedro y San Andrés Cholula, tienen que trasladarse a Puebla a presentar denuncias por sufrir un ilícito. Tal situación ya provoca que cientos de personas por ese inconveniente se desistan de recurrir al Ministerio Público cuando padecen un delito en su contra.
Dicha condición fue creada por el gobierno del estado para presumir a largo plazo de que ha decrecido el número de carpetas de investigación, bajo el falso efecto de que se redujo la delincuencia.
Lo que en realidad va a ocurrir es que se va a ensanchar más el margen de impunidad que hay en Puebla,que ya es alarmante, pero aún puede crecer más.
Por ende, la violencia se va a incrementar. La delincuencia, en la medida en que perciba las fallas del nuevo sistema de justicia penal, se sentirá más segura para actuar, sabiendo que se reducen las posibilidades de que los miembros de bandas criminales sean llevados a un juicio.
Ante estos indicadores uno se pregunta: ¿cuál fue el cambio? ¿Realmente hay un beneficio? ¿Cómo se cree que con estas condiciones mejore la procuración de justicia?
Lo único que queda es sentir miedo de quienes tienen el control del aparato de justicia.
El día que Querétaro le dijo “no” a Audi
Por: Valentín Varillas
Varios estados de la República compitieron en su momento por la instalación de la nueva planta de Audi.
La armadora alemana tenía un amplio menú de opciones por analizar.
Entre ellas, las que más posibilidades tenían de amarrar la inversión eran Querétaro, Jalisco, Puebla y Guanajuato.
De ahí saldría el resolutivo final.
A pesar de que los cuatro estados sobrevivieron a un proceso de depuración previo, semanas antes al 4 de septiembre de 2012 -la fecha en la que nuestro estado fue seleccionado- ya se conocía de antemano el sentido de la decisión.
Jalisco fue eliminado de la puja por los enormes problemas de inseguridad que sufre.
Guanajuato, que había sido capaz de atraer para Silao la inversión de su planta de motores un par de años antes, no estaba bien posicionada en el ánimo de los ejecutivos alemanes, porque consideraban como “muy pobres” los primeros objetivos trazados en la ruta crítica de su operación.
Quedaban sólo Puebla y Querétaro.
Para el entonces gobernador, Pepe Calzada, era también prioritario que la nueva planta “premium” del consorcio se quedara en su estado.
Al igual que Moreno Valle, el queretano tenía aspiraciones presidenciales que se beneficiaban con esta medida.
Por eso, giró instrucciones directas a Sergio Chufani Abarca, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras; a Gregorio Peláez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y a Marcelo López Sánchez, subsecretario de la misma dependencia, para pelear con todo para quedarse con la inversión.
Juntos, le dieron forma a lo que consideraron un “paquete muy agresivo de incentivos”, que en su lógica no había manera de que fueran rechazados por los alemanes.
Juran que hicieron su mayor esfuerzo en términos de la capacidad real que tenía el estado para ofrecer en ese momento.
Maximizaron los beneficios potenciales a otorgar, seguros de poder conquistar así la voluntad de los teutones.
A pesar del optimismo, poco les duró el gusto.
Meses antes del cónclave, al escritorio de Chufani Abraca llegó un documento en donde se enlistaban los beneficios que el estado de Puebla ofrecía para la instalación de la planta automotriz.
El funcionario no daba crédito a lo que sus ojos veían.
No había forma de que Querétaro pudiera llegarle, ni a la mitad, a lo que Puebla ofrecía.
La competencia estaba perdida.
Así se lo hicieron saber al gobernador Calzada, quien tampoco creía lo que Moreno Valle y su equipo sacrificarían en aras de quedarse con la inversión.
Fue entonces cuando ese estado se bajó de la puja.
Aunque en teoría compitió hasta el final, para vestir de democrática y abierta la contienda, Querétaro dejó solo a Puebla como absoluta ganadora.
Por cierto, en ese estado consideran que hubo mucho de político en la decisión.
Juran que el gobierno federal tuvo mucho que ver para limpiarle el camino a Puebla, a pesar de tratarse de un estado gobernado por un “panista”.
Cuatro años han pasado de esto.
En este espacio de tiempo, Calzada fue llamado al gabinete federal como premio de quién sabe qué.
Moreno Valle ha demostrado ser un aliado mucho más valioso para el presidente Peña, que el resto de los mandatarios emanados del PRI.
Haga cuentas.
Saque conclusiones.
Indignación universitaria
Por Alejandro Mondragón
Llegó la hora de la verdad para el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, quien rinde su III Informe de Labores, al frente de una institución sumida en la corrupción y la pérdida de autonomía ante el gobernante en turno.
La comunidad universitaria se encuentra muy agraviada por diversos temas, pero sin duda ha calado hondo el feminicidio de Tania, una joven estudiante de Sociología, hallada muerta en el interior de su casa.
La Fiscalía de Puebla está por dictaminar que la muerte de la activista fue un “suicidio”, lo que ha despertado más la indignación de la comunidad.
Piden que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, encabezada por Roberto Santacruz, lance un pronunciamiento por la muerte de Tania para que el rector Esparza asuma su responsabilidad de salvaguardar a los universitarios y reclamar con decisión un alto a los feminicidios.
¿Tendrá Esparza los huevos de decir ante el gobernador Moreno Valle que su gestión nada hace frente a los 63 feminicidios cometidos en Puebla?
Los universitarios quieren que las autoridades faciliten los auditorios y campus de la BUAP para organizar foros, a efecto de protestar contra las agresiones a las mujeres en Puebla.
En lugar de recibir la atención, el rector Esparza mandó a Rodolfo Memije de la Secretaría General y algunos porros para amenazar a la comunidad. Tienen prohibido usar a la BUAP porque el gobernador Moreno Valle se puede enojar, les dicen.
En redes sociales, pululan las críticas contra Esparza, porque sólo se ocupa de su show del Informe y se olvida de los problemas reales de la comunidad. Exigen que detenga los atropellos.
Algunos académicos como Gustavo López Ángel, Jorge Alberto Calles, Daniela Dávila y Rocío Vargas han fijado una postura crítica ante los feminicidios.
Los universitarios acusan complicidad de directores de Facultades y del propio rector, quienes engañan con medios y periodistas incrustados en la nómina de la BUAP.
Después del #Esparzainforme vendrán las movilizaciones.
La BUAP es una olla exprés.
